| Entrevistas |
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Fernando Cortez, Director Ejecutivo Asoc. Industriales de Antofagasta
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"En la II Región ya sabemos que el tributo de asignación regional es una falacia"
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El debate entorno al Royalty Minero tiene no sólo a actores políticos y gremios de las empresas mineras en el debate. En la II Región la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), mediante declaraciones y comunicados han señalado su rechazo al proyecto recién rechazado en el Congreso, indicando que el Royalty “tiene evidentes consecuencias negativas para el desarrollo de las regiones mineras”. A través de su Director Ejecutivo, Fernando Cortez, este gremio enfatiza la inseguridad que generaría sobre las inversiones mineras este impuesto “discriminatorio”.
Respecto al debate por el Royalty que afectaría a las Mineras, y especialmente a las de la II Región. Qué opina la AIA?
La AIA se ha opuesto a la idea de aplicar un royalty a la minería desde un principio, fundamentalmente porque se trata de un impuesto discriminatorio que afectará especialmente a la actividad productiva de la II Región y, en consecuencia, amenaza el desarrollo sustentable de esta zona y las demás zonas productoras mineras.
La inseguridad jurídica que se genera sobre las inversiones es un elemento que incorporado a la evaluación de los proyectos en carpeta, u otros nuevos proyectos, puede significar el desvío de tales inversiones hacia otros destinos o, al menos, la suspensión en la materialización de las mismas, en tanto no exista alguna meridiana claridad en cuanto a la estabilidad de las condiciones para el inversionista (independientemente del origen de los capitales).
La AIA, en contraposición, ha venido promoviendo -desde el año 1994- la consolidación de un complejo productivo, industrial y de servicios en torno a la Minería, un “Cluster Minero”, el cual representa una fórmula consensuada y coordinada entre los actores públicos, privados y la sociedad civil, orientada a capitalizar el actual esfuerzo productivo para un desarrollo sustentable, obteniendo -de paso- el mayor beneficio para el inversionista minero, para el desarrollo de una nueva generación de emprendedores, para los trabajadores y las comunidades aledañas -presentes y futuras- en una fórmula de ganar-ganar.
Respecto del proyecto específico que actualmente se discute en el Congreso, la AIA dio a conocer públicamente un documento (adjunto) que contiene la opinión del gremio sobre el particular y los fundamentos de su oposición al mismo.
En caso de aprobar la iniciativa. La AIA cree que los fondos deberían destinarse al desarrollo regional?
La AIA no está de acuerdo con este proyecto en su globalidad y está entregando los mayores antecedentes para que esta iniciativa sea rechazada integralmente en el congreso. Adicionalmente, su pregunta me permite referirme a otra inconsistencia del proyecto que justifica nuestro rechazo global al mismo. En efecto, el gran fundamento de este nuevo tributo se basa en la característica de los minerales, que serían recursos naturales “no renovables” y, en consecuencia, existiría un –hipotético- horizonte limitado de explotación, por lo que estos eventuales recursos deberían dirigirse a la recapitalización o a la formación de nuevos capitales en las zonas en donde se produciría la eventual pérdida de ese capital (las zonas productoras mineras).
No obstante, en la II Región ya sabemos que el tributo de asignación regional es una falacia. La reciente experiencia de las patentes mineras en un claro ejemplo de ello; por esta partida se incrementó el presupuesto regional pero, simultáneamente, se disminuyeron otras partidas que se asignan desde el nivel central, logrando como resultado que el presupuesto regional total (incluyendo los mayores ingresos por las patentes mineras) se ha mantenido proporcionalmente en un nivel similar o menor.
Este es un argumento más, que se suma a la respuesta anterior para fundamentar nuestro rechazo global al proyecto.
En relación al Cluster Minero, en qué etapa se encuentra?
El Cluster Minero ha avanzado en diferentes ámbitos. Existen experiencias específicas que podemos mencionar como logros importantes en materia de cluster; por ejemplo:
La etapa final del Colegio Técnico Industrial Don Bosco, que las industrias de la II Región están construyendo a fin de fortalecer el capital humano regional y disponer de una fuerza laboral a la altura de una industria minera de clase mundial.
La Mesa de Trabajo entre empresas mineras y empresas proveedoras que está dando sus primeros frutos con el trabajo realizado en los Talleres de Homologación, los que han permitido avanzar hacia estándares comunes en materia de requerimientos de seguridad de las compañías mineras hacia sus empresas colaboradoras.
El Sistema de Calificación de Empresas Proveedoras de la Minería (SICEP), que es un avance significativo en materia de homologación de estándares para los proveedores mineros y una sinergia que permite disminución de costos y de pérdida de tiempo en materias administrativas, tanto para mandantes mineros como para sus proveedores.
La Exposición Internacional para la Minería Latinoamericana, que tiene su próxima versión en junio del próximo año, Exponor 2005; evento que se ha posicionado fuertemente en el mercado minero nacional y que avanza aceleradamente en el posicionamiento internacional de la región de Antofagasta como una zona minera de excelencia a nivel mundial.
Importantes avances en agregación de valor e incorporación de tecnología (generada en la región) por ejemplo, con la construcción –en Antofagasta- y la comercialización en el mercado nacional y externo de las Tolvas de Alta Eficiencia, o la reparación especializadas de zapatas de maquinaria de alto tonelaje, o las nuevas bateas de lixiviación en base a polímeros, etc., etc.
Encadenamientos productivos estratégicos para el desarrollo regional sustentable; por ejemplo: provisión de energía eléctrica, desalación de agua de mar, complejo portuario en Mejillones, provisión de gas natural para la industria.
Actualmente estamos en una etapa de maduración de confianzas -que el proyecto de royalty no favorece en absoluto- para consensuar una agenda común y coordinar acciones en una misma dirección entre sector público, sector privado y la sociedad civil.
¿El gobierno sigue prestando atención a este tema?
EL gobierno tiene centrada gran parte de la estrategia regional de desarrollo en el Cluster Minero, con uno de sus principales lineamientos –de cinco- centrados en este tema, el cual ha ido abordando especialmente a través del Programa Territorial Integrado, PTI Cluster Minero.
No obstante, creemos que aún existe un espacio importante de complementación entre el sector público y privado en el cual avanzar. Ello forma parte del trabajo por fortalecer confianzas y coordinar acciones en el cual hemos hecho logros significativos. El primero de ellos fue llegar a consensuar una estrategia en torno al modelo de cluster. Esto es un logro importante a partir del cual podemos avanzar en complementar agendas (publico-privada) y coordinar líneas de acción comunes que nos permitirán realizar esfuerzos conjuntos en la misma dirección. Para ello la AIA prontamente hará un planteamiento en este orden a fin de estructurar el trabajo y dirigir las acciones que sean necesario realizar para ir consolidando el Cluster minero y, con él, la sustentabilidad económica, ambiental y social de la región de Antofagasta y el Norte de Chile.
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La Historia se Repite:
Royalty Minero: Impuesto Politico y Centralista a Regiones Mineras
Finalmente, luego de interminables anuncios y toda suerte de variantes previamente anunciadas, ha salido el proyecto de ley que establece una regalía minera (royalty a la minería) acompañado de la creación de un fondo de innovación para la competitividad.
Al respecto, la Asociación de Industriales de Antofagasta, A.I.A, como representantes del sector productivo de la principal zona productora minera del país, nos hacemos el deber de plantear nuestra opinión y preocupación, ante la comunidad regional y nacional, en dos aspectos fundamentales de este proyecto: su fundamento y su contenido.
Respecto del fundamento, no hubo sorpresa en cuanto el proyecto se centra en la propiedad del estado de los recursos minero, el hipotético subsidio de éste hacia las compañías mineras, la calidad de recurso no renovable y la sobreexplotación de los mismos
Todos estos argumentos han sido ampliamente cuestionados y, a nuestro juicio, carecen de base suficiente para justificar una discriminación de esta naturaleza exclusivamente para la mediana y gran minería. Nuestros planteamientos han sido y son los siguientes:
- Atenta contra la igualdad de trato (arancelaria, impositiva, etc.) para los distintos sectores económicos, que ha demostrado ser un pilar importante en el proceso de asignación eficiente de recursos y crecimiento económico de los últimos 15 a 20 años en el país.
- Desconoce el enorme aporte económico y social que ha significado el proceso de inversión minera desde el año ’89 para el desarrollo sustentable de las zonas productoras.
- Desconoce la enorme inversión (y riesgo) en exploración minera, que es lo que definitivamente pone en conocimiento, le asigna valor a los recursos mineros, da factibilidad técnica y económica a los proyectos mineros y, en consecuencia, hace posible su explotación en beneficio del inversionista, de los trabajadores, las comunidades aledañas, el crecimiento económico, el desarrollo regional y nacional.
- Sorprendentemente, la acogida que ha tenido el concepto de sobreexplotación (esgrimido para argumentar una caída en los precios del cobre), significa una clara política orientada a contraer los niveles de producción y, en consecuencia, a disminuir el ritmo de actividad en las zonas productoras mineras, situación que un gremio como la AIA, que se siente comprometido y responsable del desarrollo de la Segunda Región, no puede aceptar.
- Adicionalmente, este Royalty es el punto de partida para aplicar otro impuesto discriminatorio a cualquier sector que explote recursos naturales y, con ello, reiniciar la nefasta historia del clientelismo.
- Significa no reconocer ni respetar los contratos suscritos por el país con los inversionistas extranjeros, lo que pone en serio riesgo la imagen que con tanto esfuerzo el país ha ido construyendo.
- Finalmente, representa sólo amenazas para la actividad minera y sus encadenamientos, para la inversión, la generación de empleos, el crecimiento, el desarrollo y la sustentabilidad de las zonas productoras mineras.
Respecto del contenido del proyecto, pretende coherencia indicando que los recursos del Fondo de Innovación sean de asignación regional, especialmente para las zonas productoras mineras. No obstante, la ambigüedad e imprecisión en esta materia deja de manifiesto que se trata de un añadido de última hora destinado a mejorar su presentación y que sólo ratifica lo malo de la iniciativa.
El proyecto, a nuestro juicio, presenta diversas inconsistencias que, de mediar un análisis más razonado que político, debieran conducir a su rápido rechazo en el parlamento:
- En primer lugar, argumenta la necesidad de los recursos en función de una “estrategia capaz de vincular ciencia y tecnología con la innovación y competitividad”. Sin embargo, el proyecto está orientado sólo a recaudar los recursos del sector minero sin ninguna estrategia concreta a la vista.
- Asume que la falta de ciencia, tecnología e innovación en el país es consecuencia sólo de la falta de recursos y desconoce anteriores esfuerzos y recursos destinados a desarrollar ciencia y tecnología con escasos resultados.
- Manifiesta el interés por “elevar la eficiencia en el uso de los recursos públicos destinados a la innovación”, sin embargo, no existe iniciativa alguna tendiente a dicho fin, sólo la captación de recursos del sector privado para aumentar los recursos públicos y para ser administrados por el sector público.
- Para la definición de la base imponible, reconoce como deducible sólo insumos y mano de obra directa, excluyendo la depreciación y los servicios operacionales imprescindibles para generar el producto.
- En este mismo respecto, la definición de personal directo parece estar aún más limitada al “personal asociado directamente a la extracción, procesamiento o venta” y excluir al resto del personal directo de las empresas, tales como el de administración o medio ambiente, por mencionar algunos.
- Lo que parece aún más grave, desde la perspectiva del desarrollo empresarial industrial y de servicios y de la estrategia de consolidación de un cluster minero, es que para determinar la venta neta anual no se reconoce como costo lo contratado a terceros como prestadores de servicios.
- Adicionalmente, genera un procedimiento totalmente engorroso para la declaración y pago, cuyo único fundamento parece estar en la presunción de mala fe por parte de las compañías.
- Más aún, el cargo no se aplica sobre el valor real de venta, sino al valor que los productos pudieron ser vendidos en “operaciones similares en el mercado doméstico”. Luego, cuando existan diferencias con el precio doméstico, por ejemplo, por ventas a futuro, se da pie a la interpretación de acto malicioso y a las multas correspondientes, aun cuando sean operaciones legítimas y correctamente declaradas y documentadas.
- Finalmente, el “fondo de la Innovación para la Competitividad” que se crea paralelamente, está absolutamente desvinculado de los recursos obtenidos mediante este nuevo tributo, ya que su monto se definirá de acuerdo con lo que “contemple anualmente la ley de presupuestos”, de modo tal que, aunque esté garantizado el 80% de “impacto regional identificable” (expresión sumamente ambigua), no existe ninguna garantía en cuanto a que estos recursos vayan finalmente al fondo en cuestión.
- En definitiva, es un proyecto improvisado para justificar la decisión política previamente concebida de gravar con un mayor tributo a la inversión extranjera en minería: la carreta delante de los bueyes.
Con todo, la Asociación de Industriales de Antofagasta reafirma su oposición a este proyecto de ley que grava a la mediana y gran minería con un royalty. Lo consideramos un acto discriminatorio que castiga el desarrollo actual y amenaza el desarrollo futuro de las zonas productoras mineras; que desconoce el notable aporte que ha significado el desarrollo minero de los últimos quince años para el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo sustentable en las regiones mineras.
Reafirmamos, asimismo, la propuesta que la AIA ha planteado desde el año 1994, en orden a fortalecer un Complejo Productivo Minero y de Servicios (Cluster Minero), como el camino adecuado para una acción conjunta y cooperativa entre los distintos actores (sector público, privado y sociedad civil) orientado a producir el mayor y mejor beneficio para las regiones y el país.
En nuestra opinión, este proyecto involucra un retroceso de más de 100 años en la forma de construir y hacer política en este país. En el año 1882 Matías Rojas comentaba: “¿Cuándo se han acordado de nosotros los hombres de gobierno? Cuando se ha tratado de imponernos contribuciones como la del salitre”. “...el gobierno se ha acordado de la minería solamente cuando ha sido necesario imponerle nuevos gravámenes...” .
El Norte de Chile tradicionalmente ha subsidiado al resto del país; primero con las contribuciones del salitre que se destinaron a la pavimentación de carreteras en la zona centro-sur, al crecimiento de la burocracia política central y a eliminar impuestos o subsidiar al sector agrícola.
Posteriormente con el 10% de los excedentes del cobre que fueron a financiar el proceso protegido (y fracasado) de industrialización del país. Actualmente, en el norte se paga uno de los mayores precios por el pan en el país, a causa de la distancia y la necesidad de mantener las bandas de precios del trigo para los agricultores de la zona centro-sur.
Adicionalmente, los terrenos en la Segunda Región (en su mayoría de propiedad del fisco) son unos de los más caros del país, situación que ha limitado severamente la construcción de viviendas sociales.
Este nuevo impuesto tiene un claro sentido territorial e impactará, nuevamente, al norte de Chile y especialmente a la Segunda Región.
Confiamos en que las evidentes consecuencias negativas que este proyecto tiene para el desarrollo de las regiones mineras, permitan un pronto rechazo de éste en el parlamento y así pongamos fin a estas discusiones para continuar con la senda de crecimiento que todos esperamos.
Asociacion de Industriales de Antofagasta
Julio de 2004
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