El proyecto de royalty presentado por el Gobierno ha encontrado fuertes detractores, tanto en el Parlamento como en los gremios mineros, aunque la ciudadanía lo respalda mayoritariamente. Luego del rechazo en la Cámara Baja, las probabilidades de que el proyecto se apruebe en el Senado son, para Pizarro, muy bajas.
A pesar de esto, a juicio del economista y director ejecutivo de Terram, las justificaciones del cobro de un royalty, tanto económicas como políticas, son absolutamente justas y parte del derecho que tiene el Estado de manejar sus políticas públicas. Sin embargo, la firma de tratados internacionales podría coartar a Chile en este ámbito.
La discusión del royalty se discute hoy al más alto nivel, ¿esperaban tanto?
Ha sido una grata sorpresa. Durante mucho tiempo la discusión acerca del royalty fue marginal. El Gobierno no quería abrirse al tema, al menos así lo decían en público ministros como Eyzaguirre y Dulanto. Por eso creo que éste es un triunfo de la sociedad civil, que fue la que permitió levantar el debate sobre el royalty. La preocupación de este mundo se traspasó posteriormente a la esfera política y ahí fue posible que el debate se legitimara.
Las últimas propuestas de royalty, del diputado Vilches y Joaquín Lavín, tienen un fuerte componente anti elusión tributaria, ¿cuál es su punto de vista respecto a este enfoque?
Soy un convencido de que hay que separar las dos cosas. Aquí hay dos ámbitos, el primero es el del aporte tributario, donde tenemos que las mineras han utilizado por mucho tiempo triquiñuelas legales para no pagar los impuestos que corresponden. Eso se debe corregir, pero el royalty apunta a que las empresas paguen por la renta del recurso, cosa que tampoco hacen. En conclusión, además del royalty debe haber mecanismos anti elusión, pero bajo ningún punto de vista se deben mezclar ambas cosas. El royalty no debe mirarse como una moneda de cambio, ni una compensación por el bajo aporte tributario del sector. El royalty no tiene que ver con impuestos: está relacionado a un pago por el uso del mineral.
Sin embargo, se ha dicho que la aplicación de un royalty sería ilegítima porque significa agregar en forma arbitraria un impuesto extra a la minería...
Ese es un argumento que mañosamente se ha tratado de imponer. El royalty no es un impuesto, sino un precio que se está pagando por un recurso. La Constitución especifica que todos los recursos naturales existentes en el país pertenecen al Estado y, por tanto, a todos los chilenos. Tal como otras empresas compran sus insumos, la gran minería tiene que pagar por el mineral que extrae. De esta forma, el royalty es el precio que se aplica al recurso y no un impuesto más. El Estado no puede estar regalando un recurso que le pertenece, ya que su explotación significa una pérdida del patrimonio nacional. El royalty, por tanto, se justifica por sí mismo y es por eso que la mayoría de los países lo aplica, a excepción de Chile y México.
Las empresas mineras también han declarado que se están cambiando las reglas del juego...
Hay que tener en cuenta que cuando las mineras firmaron el contrato de inversión extranjera, amparado en el DL600, las condiciones del país eran otras, por lo que se otorgaron grandes beneficios e incentivos para atraer a los capitales de inversión extranjeros. Sin embargo, en la actualidad las condiciones han cambiado, no se requiere de estas regalías como incentivo a la inversión. Nuestro país ha demostrado una estabilidad política ejemplar, por lo tanto el Estado está en su derecho de modificar ciertos estatutos. Con esto quiero decir que los gobiernos tienen la potestad de establecer sus propias políticas económicas y éstas son independientes de las empresas extranjeras.
¿Cómo evalúa el proyecto de royalty del Gobierno que fue rechazado en la Cámara de Diputados?
Es un proyecto extremadamente tímido, considerando que en otros países el cobro del royalty es un 15 a un 20%. Nosotros propusimos que este cobro fuera de un 10%. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Codelco paga a las FF.AA un 10% y sigue siendo una empresa muy competitiva, así las otras mineras deberían pagar, al menos, lo mismo. Digo al menos, porque aquí no se trata de poner porcentajes arbitrarios, lo importante es cobrar “toda” la renta del recurso.
¿Qué cree que va a suceder en el Senado?
Antes de entrar al parlamento, el proyecto de royalty tenía un gran apoyo. Sin embargo, desde que ingresó al Congreso varios de los parlamentarios que lo apoyaron han cambiado de opinión. Dentro de la derecha hay dos grupos, creo que el Gobierno tuvo siempre un discurso muy conservador, por eso su proyecto de ley pareció tan osado que complicó a algunos diputados de RN que efectivamente querían apoyar la iniciativa. Aparte de estos parlamentarios, creo que nos quedan dos lecciones para el grueso de la oposición: el vínculo carnal entre la derecha y los grupos económicos y, lamentablemente, la relación impropia entre el dinero y la política.
Los empresarios mineros, junto a la Confederación Nacional del Comercio, han mostrado una postura muy dura con respecto al royalty y pretenden tomar cartas en el asunto. ¿Qué repercusiones podrían traer estas acciones?
Lo más preocupante desde el punto de vista del país es el camino judicial, con alguna demanda al CIADI o ante los tratados de libre comercio que Chile ha suscrito. Si es así, quedaría en evidencia que los tratados bilaterales y TLCs estarían afectando la política pública, coartando y restringiendo las decisiones soberanas de los gobiernos de determinar sus propias políticas. Por ejemplo, actualmente existen demandas por más de 20 mil millones de dólares en el Nafta, tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. En el CIADI las cifras son incluso superiores. Por eso es necesario que el Gobierno de Chile asuma sus responsabilidades, genere las condiciones y los equipos técnicos para defender a Chile de estas demandas que afectan el patrimonio nacional y la política pública.
