Un tema recurrente en el sector Minero es el de la propiedad y manejo de las empresas públicas. La importancia que CODELCO, ENAP Y ENAMI, tienen tanto para el país como muy especialmente para desarrollo del Sector, hacen obligatorio que de tanto en tanto diversos analistas entreguen sus puntos de vista.

Casi todos ellos referidos a la propiedad, yo mismo en diversos artículos lo he hecho, y en pocas ocasiones reflexionamos sobre la gestión de dichas empresas. Sobre eso escribiré hoy.

Lo primero es analizar el objetivo que cumplen las empresas del Estado. Porqué y para qué, están en manos estatales. Diversas explicaciones se han dado al respecto, porque son Estratégicas (CODELCO), porque el sector no está suficientemente regulado (ENAP), porque es esencial para el desarrollo de la Pequeña y Mediana Minería (ENAMI). Todas esas explicaciones conllevan en alguna medida, la idea que el Estado como tal ejercería alguna acción de su ámbito propio a través de estas Empresas y una cierta desconfianza histórica respecto al actuar de los privados. Hoy en día, a lo anterior se ha agregado la idea que es un buen negocio. En mi opinión, es esta última idea la única razonable de considerar. Vale decir, el Estado tiene empresas porque el Gobierno (éste y los anteriores) estima que es más rentable socialmente invertir en ellas, que en otros ámbitos de su quehacer (salud, educación, justicia, defensa etc...), sería una razón de conveniencia. Como esto es medible, el primer test de gestión sería demostrarlo.

Lo segundo es la necesidad de administraciones profesionales, que respondan a criterios de excelencia profesional y no a criterios político partidistas. Una de las mayores deficiencias en la gestión de este tipo de empresas, nace de la utilización permanente a lo largo de los años y por todas los Gobiernos, de estas empresas como nicho de poder que se “cuotea” entre los partidos de la coalición gobernante. Y si bien, deben reconocerse avances importantes al respecto, en especial en lo relativo a los ejecutivos superiores, todavía quedan aspectos a mejorar. Uno de ellos es el de los Directorios, materia que el Gobierno está estudiando y sobre el que existen fundadas esperanzas de mejoras significativas. El sólo cambio en las responsabilidades de los Directores y posibilidad de una dedicación mayor ayudaría mucho.

No obstante lo más relevante es entender que las empresas públicas son del Estado y en consecuencia de todos los chilenos y no del Gobierno de turno, ello y una actuación consecuente con dicho reconocimiento harían una gran diferencia respecto de la situación actual.

Lo tercero es la transparencia en su actuar. Es obvio que por ser recursos públicos, su gestión debe estar sometida a un control severo (que no lo están), pero también lo es, que debe contar con la capacidad de actuar en los mercados en que operan, con todas las herramientas de gestión usuales en el mundo de los negocios. El contar con capacidad de adoptar decisiones de negocios oportunas, sin interferencias políticas, sería un buen comienzo. La publicación de sus políticas generales, de sus estrategias de desarrollo y de sus acuerdos de Directorio ayudaría a la necesaria información de sus dueños.
Un cuarto aspecto, son sus políticas de recursos humanos. Al final la gran diferencia entre las empresas, es la capacidad de gestión, su mayor o menor excelencia. De la capacidad de atraer a personas del mas alto nivel, dependerá a la larga dicha gestión. Y mientras se mantengan criterios políticos en la selección de los mandos, mientras no existan niveles estimulantes de exigencias y desafíos, mientras no existan incentivos económicos adecuados, no cabe esperar mejoras significativas en esta materia.

Un Test al respecto, han resultado ser las privatizaciones de empresas públicas, en las que invariablemente se ha reducido el número de trabajadores y se han efectuado cambios importantes en la plana ejecutiva, sin que ello haya desmejorado los niveles de eficiencia, por el contrario los ha aumentado. Cabe preguntarse si, ¿Las empresas en manos del Estado, tienen hoy el número de trabajadores que aconsejan, las buenas practicas de administración?. ¿Su línea de mando permanecería mayoritariamente en caso de cambio de dueño?. Creo absolutamente necesario, que las empresas públicas, adopten una política de recursos humanos, acorde a criterios de excelencia y siguiendo las mejores prácticas de mercado.

Un quinto tema es la de sus políticas de Desarrollo. La inversión de recursos públicos debe estar sujeta a mecanismos de revisión exigentes y que comparen las distintas opciones de proyectos y sus impactos económicos, así como los riesgos asociados a cada decisión. Es razonable que los responsables máximos de cada compañía luchen por obtener mayores espacios para aumentar el monto de sus inversiones y su capacidad de endeudamiento, pero obviamente acá debe existir una adecuada coordinación y evaluación de las distintas opciones existentes.

La impresión que hoy existe es que la capacidad de lobby de algunos de los ejecutivos de las empresas, les permite obtener recursos y acometer emprendimientos que exceden con mucho lo que sería razonable en un consorcio privado. El síndrome del gigantismo, y la soberbia que se observa en algunos casos, lleva a propuestas de expansión como las que se observa en estos días, que obliga a replantearse el rol del Estado, otorgándole un rol empresarial aún más preponderante que el actual. Creo oportuno plantearse en el ámbito global que se quiere y hasta donde se correrán riesgos.

Hay más temas, pero estimo suficiente estas líneas de reflexión para entender la enorme tarea que representa el que el Estado mantenga en propiedad empresas que aisladamente y en conjunto constituyen un porcentaje importante del PGB, y la responsabilidad que conlleva en términos de gestión su administración. Si el Gobierno no está dispuesto a privatizar todas o algunas de estas compañías, al menos debiera emprender acciones concretas que permitan optimizar su manejo, despolitizarlas, incrementar su productividad, aumentar su transparencia y rentabilidad. Y por esta vía convencernos que es mejor mantener invertidos mas de 30.000 millones de dólares en estas empresas (todas no sólo las mineras), que entregar estos recursos a inversiones en programas sociales o de otra índole que el país reclama.

Creo que la autocomplacencia que por estos días se observa, no se condice apropiadamente con las realidades existentes. Es de esperar que las modificaciones que el Gobierno estudia, contribuyan significativamente a mejorar la gestión de las empresas que permanezcan en manos del Estado. Y que ojalá éstas sean las menos posibles.

Por Roberto Salinas M.
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