La minería ha sido uno de los sectores más activos en el desarrollo de la economía nacional en los últimos años, ya sea por el nivel de inversiones, por el monto de divisas que genera la exportación de sus productos, ó bien por el aporte que realiza al desarrollo del país.

En efecto, representa el 8,4% del Producto Interno Bruto, sus exportaciones alcanzan al 45% del total exportado por el país, genera empleo directo a más de 70.000 trabajadores, los cuales muestran la más alta productividad entre todas las actividades y se constituye en la única actividad económica relevante en vastas zonas de las regiones del norte del país.

Ahora bien cabe preguntarse cuáles han sido los factores que han permitido el auge de la minería. La respuesta se encuentra en la combinación de un conjunto de factores, que cuesta mucho alcanzar y muy poco perder. Entre ellos, se destacan los recursos humanos que cuentan con una alta calificación para desarrollar esta industria que utiliza tecnología de vanguardia a nivel mundial, y junto a ello, el hecho de poseer el país amplios recursos mineros, pero que requieren ser explotados.

También se destaca la ley de inversión extranjera que promueve e incentiva la incorporación de capitales externos para una industria que es intensiva en capital, y no discrimina entre inversionistas nacionales y extranjeros.

Además, la política económica de libre mercado y de apertura al comercio exterior impulsada por el país desde mediados de los años 70, en la cual se insertan las normativas de orden económico laboral, tributario y de comercio exterior, forman un todo coherente para promover e incentivar el desarrollo de la iniciativa privada.

Finalmente, debemos mencionar la institucionalidad minera establecida tanto en la Constitución Política de la Republica de 1980, como en la Ley Orgánica Constitucional de 1982 y el Código de Minería de 1983.

Estas normas constitucionales y legales, lo que han hecho en síntesis es establecer un claro derecho de propiedad sobre las concesiones mineras, legislación que es clave para que los inversionistas destinen sus recursos a proyectos mineros que requieren grandes capitales y son de larga maduración.

Las normas señaladas precedentemente, han permitido que los consorcios mineros más importantes del mundo estén operando en nuestro país, y que Chile se haya constituido en la base de operaciones para Latinoamérica de dichas compañías mineras.

Sin embargo, a pesar del alto impacto que genera la minería en la economía nacional, hemos visto en los últimos días como diversos actores políticos han hecho propuestas en orden a incrementar la tributación minera y la regulación a esta actividad, lo que constituye un claro cambio en las reglas del juego que permitieron el auge y el desarrollo minero en los últimos 15 años.

Ello se explica por el total desconocimiento que tienen muchos dirigentes políticos sobre el funcionamiento de la economía. Los sistemas económicos deben juzgarse a la luz de sus resultados y, en el caso de Chile y su minería, son múltiples los beneficios que le ha reportado al país la institucionalidad jurídica y económica en la que se desenvuelve la actividad productiva en general y el sector minero en particular.

La minería no sólo contribuye al país desde el punto de vista impositivo, sino que su contribución hay que juzgarla desde la óptica del desarrollo integral del país. Para ello hay que hacer abstracción de la realidad y ver como sería el país sin la inversión minera de los últimos 15 años.

Chile tendría un PIB de US$53.200 millones que se comparan con los US$66.500 de la actualidad, es decir, US$ 13.300 millones menos; el Producto per cápita habría disminuido desde US$4.300 a US$3.400; las regiones del norte, es decir III y II regiones, no habrían sido las que más crecieron en los últimos años, y en el caso de la II región no presentaría el índice más bajo de indigencia a nivel nacional, en que sólo el 3% de su población vive en condiciones de extrema pobreza; la generación de energía eléctrica hubiese sido un 20% inferior, pasando de 41.000 GWh en la actualidad a 33.000 GWh, debido a que el sector minero consume un tercio de la totalidad de la energía que se genera en el país; el transporte aéreo, terrestre y marítimo habría sido substancialmente inferior al observado en la actualidad; no existirían importantes puertos en el norte del país, todos vinculados a proyectos mineros (Patache, Coloso, Punta Padrones y Los Vilos), y tampoco el significativo aporte de la minería en materia de infraestructura vial, educacional y de salud, sólo por citar algunos ejemplos.

Estos son datos concretos del real aporte de la minería al desarrollo del país, y ello ha sido posible por la normativa que promovió e incentivo la participación de capitales nacionales y extranjeros en esta desconocida pero apasionante actividad.