Generalmente se dice que América del Sur es una región rica en recursos naturales. Pero es difícil entender que significa esa riqueza, cuando la realidad que uno ve en la mayoría de sus ciudades y pueblos es pobreza y caos.

Las riquezas de la tierra las crea y distribuye la naturaleza, tal como lo hizo con el clima de California y el talento de Mozart. Pero si el hombre no logra crear los medios para aprovechar esos dones, y transformarlos en algo tangible, no hay diferencia práctica entre tenerlos y no tenerlos.

A pesar de lo sencillo de este razonamiento, hasta el día de hoy abundan las confusiones conceptuales que perjudican a la minería. La consecuencia de ello, es que muchas de las propuestas de las autoridades y de los propios mineros, conducen a la minería en una dirección incorrecta.

Un ejemplo histórico de ello fue el proceso de "Chilenización Pactada", acordado a fines de la década de los 60 entre las empresas de la Gran Minería del Cobre y el Gobierno, y que vulneraba el derecho de propiedad, al imponer a las empresas extranjeras una enajenación forzosa y a precio vil.

Con ese antecedente, y con la Reforma Agraria en plena aplicación, el Congreso modificó unánimemente la Constitución para hacer posible la estatización del cobre. En el texto de la Constitución quedó expresamente establecido que ella podría extenderse a bienes y derechos de terceros, y que el monto de la indemnización sería calculada en base "al costo original de dichos bienes, deducidas las amortizaciones, depreciaciones, castigos y desvalorización por obsolecencia".

Así, los mineros pasaron de un día para otro de propietarios a concesionarios, y la concesión pasó a valer cero. A más abundamiento, se descontaron las llamadas “ganancias excesivas”.

Ello muestra cómo hace apenas tres décadas, y sólo una antes de la dictación de la Ley Orgánica Constitucional Minera, en este mismo país se podía vulnerar el derecho de propiedad sin que nadie levantara su voz.

Mirado retrospectivamente, pensamos como cualquier parlamentario de la época se hubiese ganado fácilmente un lugar de honor en la historia de Chile y de la Minería, simplemente repitiendo estas palabras:

"Desde el momento en que se acepta en una sociedad de que la propiedad no es sagrada como las leyes de Dios, y que no hay un imperativo legal ni de justicia pública de protegerla, comienza la anarquía y la tiranía. Si el "no debes desear los bienes del prójimo" y el "no robarás" no fueran mandamientos del Cielo, ellos debieran hacerse preceptos inviolables en cada sociedad antes de que ella pueda ser civilizada y libre" (John Adams)

Pero si ello no sucedió, ésto nos permite inferir las inmensas dificultades políticas y conceptuales que existían en el país, para promulgar, sólo 9 años después, una ley constitucional minera adecuada, acorde con un modelo de economía libre y que respetara en forma irrestricta el derecho de propiedad sobre las minas (sin las cuales nadie estaría interesado en invertir las grandes sumas propias de la minería).

Al interior del Gobierno, la guerra entre los bandos estatistas y liberales era encarnizada. Por un lado, el Coronel Gastón Frez, Vicepresidente Ejecutivo de Codelco, luchaba por reservar a la empresa estatal toda la explotación minera del país, y por otro, el equipo de economistas encabezado por el ex Ministro de Hacienda Sergio de Castro, planificaba la privatización de Codelco.

El resultado de esta apasionada disputa, fue que pocas horas antes de darse a conocer al país el texto Constitucional que fundaría la Nueva Institucionalidad, y que sería plebiscitado el 11 de Septiembre, se cambiaron las hojas relativas a la propiedad minera incorporado un párrafo sin duda extenso y ambiguo, que reproducía casi al pie de la letra frases de la reforma constitucional promulgada durante la Unidad Popular, y que generó gran confusión y desconfianza en todo el sector.

La trama completa de esa historia ha sido imposible de recomponer hasta ahora, pero su premura pudo también verse en la sorpresa que causó, y en el hecho que el artículo 2 transitorio de la Constitución –que no fue considerado en el cambio de páginas- quedó trunco e inconsistente en sus referencias.

Incluso se cuenta que el Presidente de la Exxon viajó especialmente a Chile, en su jet privado, para reunirse con el Presidente Pinochet y decirle que “por haber liberado a Chile del comunismo, se sentía en la obligación de comunicarle personalmente que mientras la fórmula constitucional no fuera corregida, su empresa (Disputada de las Condes), paralizaba todos los proyectos de inversión en Chile”.

De esta manera, muchos pensaban que la principal riqueza potencial de Chile había sido cerrada para siempre, condenándonos al subdesarrollo por muchos años más.

En la desesperación, algunos proponían un plebiscito minero para reformar la constitución, a sólo meses de haber sido aprobada. Otros, una ley interpretativa, siendo ambas soluciones manifiestamente inviables desde la lógica de la prudencia política.

Sin embargo, el gobierno se comprometió con la Sociedad Nacional de Minería y con otros actores del país, a dar una salida al problema sin modificar la Constitución, y después de que ella fuera aprobada.

La solución fue la Ley Orgánica Constitucional de concesiones Mineras, redactada por un equipo integrado por José Piñera, Hernán Büchi, Arturo Marín y Rodrigo Alamos. Esta ley, con sus apenas 10 páginas, constituye la piedra angular de la minería privada nacional.

Hoy pocos saben lo difícil que fue lograr la existencia y el desarrollo de la minería privada. Se piensa que es algo normal y obvio, como abrir la llave del agua y que salga el líquido.

Pero ella es fruto de haber logrado hacer triunfar a una idea, tras arduas e intensas disputas y pasiones. Durante muchos años, e incluso hasta el día de hoy, existen senadores y autoridades contrarios a la ley minera.

El ex senador Tomic, por ejemplo, dedicó sus últimos años a liderar una postura que sostenía que la única solución que tenía Chile era derogar la Ley Constitucional Minera, porque “el cobre se acabaría en el año 2010 y Chile perdería su “sueldo””. (Según el Banco Central, las reservas conocidas de cobre hoy, son el triple que las conocidas el año 81).

Dos décadas después de la Ley Constitucional Minera, podemos decir que la minería privada logró transformarse en uno de los sectores más dinámicos en el desarrollo de la economía nacional. De hecho, sin la inversión de la minería privada, nuestra economía sería un 20% más reducida.