En la columna anterior, analizamos la relación existente entre tributación y minería, haciendo hincapié en la poca profundidad que hasta la fecha ha caracterizado el debate sobre el tema. Asimismo, nos comprometimos a poner en este tapete –haciendo una humilde contribución a la vida cívica del sector minero- algunos puntos centrales que han estado ausentes en el debate tributario y que por cierto, nos gustaría fueran incorporados en la llamada Agenda Pro Crecimiento.

Antes que nada, para enmarcar el tema tributario en su real dimensión, hay que recordarlo como uno de los asuntos que más profundas raíces proyecta en la definición política de una República.

Por ello, antes de su dimensión económica, posee una dimensión política y moral que lo pone –en nivel de importancia- por encima de casi todos los demás temas públicos.

Los seres humanos instituimos gobiernos para facilitar el logro de un estado de cosas que deseamos, pero que individualmente no podemos lograr. Para ello –y para nada más- le entregamos al gobierno parte de nuestro patrimonio.

Desgraciadamente, el segundo principio de la termodinámica –que los sistemas tienden naturalmente a ser cada vez más entrópicos- puede ser aplicado también al mundo a los aparatos gubernamentales, que en todas las latitudes y tiempos, han mostrado una vertiginosa inclinación al desorden, la burocracia y al aumento de funciones y gastos.

La situación inversa sólo sucede cuando hay liderazgos políticos decididos a vigilar y combatir fuertemente esta tendencia. Por ello, casi no se conocen casos de gobiernos que bajen los impuestos en forma permanente. Quizás la única excepción relevante en la Historia de Chile sea la rebaja del IVA del 20 al 16 por ciento realizada por Hernán Büchi. La regla general se cumplió en los años posteriores, donde varios impuestos que se anunciaron como transitorios, uno a uno se transformaron en definitivos.

En el día a día de la vida política, pocos recuerdan que cada nuevo servicio que ofrece el Estado significa que tendrá más atribuciones y que gastará más de nuestro propio dinero. Los nuevos impuestos quitan a la economía recursos importantes: el monto del impuesto, más el costo de su recolección y administración. Y como los dineros que administra el Estado nunca alcanzan para todo lo que los políticos quieren, pronto se vuelve a proponer aumentarlos.

Una de las modernizaciones más relevantes que tendrán la oportunidad de realizar los gobiernos que vengan, es una reforma tributaria de verdad, en base a un sistema simple, y a un impuesto único y parejo.

Las razones de eficiencia para lo anterior son evidentes: el exceso de horas y de capital humano destinado actualmente a tramites tributarios; aumentaría instantáneamente el tamaño de la economía.

Junto a ello, se terminaría con el hecho absurdo de que sólo pocos ciudadanos conocen y comprenden adecuadamente sus obligaciones tributarias.

Un impuesto nacional único y parejo tiene también razones de justicia. La existencia de distintas tasas, como sucede ahora, es un factor distorsionador de precios y mercados, y por ello, generador de injusticias y asignaciones de recursos erradas.

Hoy en Chile, por ejemplo, mientras el trabajo humano tributa hasta un 43%, el de una industria lo hace sólo un 16 %.

En el ejemplo anterior, vemos dos formas igualmente legítimas de contribuir a la economía, con tratamientos tributarios muy distintos, lo que es muy injusto. Desgraciadamente, los altos impuestos a las personas hacen poco rentable la formación de equipos de trabajo donde el aumento de valor esté determinado por el factor talento y capacidad intelectual.

De esta manera, la estructura tributaria de Chile ha “subsidiado” a las empresas industriales, motivando a los profesionales a dedicarse a actividades de administración y de faena. Según algunos, los impuestos progresivos explicarían en parte por qué cuesta tanto a nuestra economía desarrollar empresas con capacidad de servicios y de desarrollo de productos con mayor valor agregado.

La angustia colectiva propia de un prolongado período de crecimiento bajo y alta cesantía, ha llevado a plantear varias fórmulas reactivadoras con implicancias tributarias.

El Gobierno ha planteado gastar más, para aumentar así los recursos disponibles en la economía. Ella es la salida más fácil y equivocada, pues para hacerlo sin emitir dinero y generar inflación, el Gobierno empezará a pensar en mayores impuestos y mayor endeudamiento.

Otra solución propuesta, ha sido bajar los impuestos a las personas de más bajo recursos. Pero desgraciadamente esta situación no genera empleo ni crecimiento ni otros beneficios económicos, porque estos sectores pagan poco impuesto.

En cambio, si se desgravaran las utilidades reinvertidas, el efecto reactivador sería instantáneo. Las empresas mineras, por ejemplo, tendrían más dinero para mejoras tecnológicas, nuevos equipos, realizar ampliaciones, etc., con lo que aumentarían la productividad, los excedentes, y la mano de obra contratada.

Estos tres principios –simplicidad, impuesto parejo y desgravación de las inversiones- bastan para hacer un sistema tributario moderno. Y no hay que temer un aumento transitorio del déficit fiscal, porque en poco tiempo, el aumento de la actividad económica permitirá un aumento de la recaudación fiscal.

Por último, hay que convenir en que ningún sistema tributario moderno puede existir sin un Servicio de Impuestos Internos autónomo y estrictamente apegado al Derecho, así como sin Tribunales Tributarios independientes.

Mientras no se aborden estos puntos, estaremos fuera de la verdadera ruta hacia la modernización de las instituciones del país. En el mundo hay 200 países, y los que mejores condiciones ofrezcan a los inversionistas serán los que más lograrán crecer.