Los gobiernos caracterizados por concentrar el poder en manos de burócratas terminan por coartar las libertades económicas e individuales de su población, provocando consecuencias tan graves como la desconfianza hacia sus instituciones. Tal como ocurre en la mayoría de los países de América Latina, estas instituciones ya no ofrecen las garantías de seguridad, estabilidad, democracia o justicia que debieran.
Nuestro continente enfrenta hoy, nuevamente, el flagelo de la pobreza, el subdesarrollo y la guerrilla como consecuencia de la debilidad de sus instituciones democráticas. Así, países que fueron tan ricos como Venezuela o Argentina, enfrentan actualmente una profunda crisis económica, social y moral, cuya solución no está sólo en la aplicación de reformas económicas concretas, como la reactivación de sus alicaídas economías, sino que pasa por reestructurar su aparato estatal para que inspiran confianza, seguridad y credibilidad. Si ello ocurre, el panorama político, social y económico de América Latina dará un vuelco: las reformas económicas que se apliquen permitirán poner en marcha la productividad y aumentará el crecimiento de esta región.
Hasta hace poco tiempo, Chile parecía ser el único país de Latinoamérica que marcaba una diferencia respecto a sus vecinos, sin embargo las crecientes denuncias conocidas sobre actos de corrupción, han puesto en jaque la credibilidad y confianza que ostentábamos, lo cual puede representar, en el peor de los casos, un quiebre en la confianza y estabilidad que nos ha caracterizado en los últimos 30 años.
Para que exista un mercado productivo, eficiente, que sea un foco de atracción para los inversionistas tanto locales como extranjeros, es esencial que existan instituciones estables, confiables y transparentes, donde las reglas del juego sean claras y no discriminatorias. No olvidemos que los conceptos de confianza y desarrollo van estrechamente ligados.
Entre 1991 y 2001, un total de 225 casos de corrupción se han destapado en nuestro país. Como única solución, el gobierno ha desplegado campañas comunicacionales para bajar el perfil a estos actos y hacer creer a la opinión pública que algo se está haciendo, pero los escándalos siguen estallando y los montos involucrados en éstos siguen incrementándose.
Ya es tiempo de adoptar medidas efectivas para frenar estos actos de corrupción, como por ejemplo;
- Que los altos directivos públicos sean designado a través de un sistema transparente, esto es, que garantice su independencia del poder político, y a la vez que estos directivos sean profesionales y su actuar sea limitado;
- Fijar los sueldos del sector público de manera transparente y de acuerdo al mercado;
- Sistematizar y reducir el exceso de regulaciones (ambientales, municipales, tributarias, judiciales, bancarias y previsionales, por ejemplo), que atentan contra la productividad y eficacia de nuestra economía, y
- Controlar el gasto público, aplicando las medidas económicas que incentiven la inversión y el ahorro, lo cual ciertamente no se logra mediante aumentos de impuestos.
En concreto, es urgente modernizar al Estado y reducir su tamaño. Según diversos estudios, el exceso de normas y trabas —más frecuente mientras mayor sea el tamaño del Estado— aumentan el nivel de corrupción en un país.
Por lo tanto, es deber, no sólo del gobierno sino de todos los actores de la sociedad, combatir la corrupción para mantener la estabilidad política y económica que nos caracteriza dentro del panorama mundial desde hace varias décadas.
Chile ha demostrado ser un país con instituciones estables, seguras y confiables, que le ha permitido contar con una economía que, pese a sus actuales problemas, lo diferencia del resto de Latinoamérica y, por ello aún es considerado un país atractivo en materia económica. En un contexto de mercado globalizado, los países que ofrezcan mejores condiciones, atraerán a un mayor número de inversionistas. Ello no sólo ayudará a crecer más al país, sino también a un ritmo más acelerado, logrando derrotar, en el más breve plazo, la pobreza y el subdesarrollo.
