El hombre ha buscado, desde siempre, la sana convivencia con sus pares, y para ello, ha necesitado crear uno u otro sistema que la regule. Así, han habido períodos en que se ha encontrado sujeto a una excesiva regulación u opresión amparada por un Estado, pero que siempre es contrarrestada por una tendencia enaltecedora como es la manifestación de la libertad. Hoy nos encontramos con cientos de declaraciones que consagran este gran principio y, gracias a ello, el hombre ha podido desarrollar sus diferentes habilidades y satisfacer su intelecto. De este modo, quedan atrás tanto la pobreza material como intelectual.
La libertad nos permite elegir a nuestros propios gobernantes y nos otorga herramientas para el sustento de un Estado de Derecho. Así, los activistas políticos no sólo deben tener conciencia de que un Estado de estas características acarrea la idea de crear y abrir espacios para que los ciudadanos puedan desarrollar y manifestar sus libertades individuales, como por ejemplo, la libertad económica.
La libertad económica es la ausencia de restricciones gubernamentales sobre el mercado, más allá del nivel requerido. Es decir, cuando interfiere un gobierno en el mercado para lograr objetivos distintos al de protección de la propiedad y del individuo, transgrede la libertad económica, y por lo tanto, atenta contra el libre comercio.
Hemos observado, a lo largo de la historia, cómo el Estado ha establecido regulaciones excesivas que provocan un impacto negativo en la producción y/o en el consumo de bienes y servicios. Como consecuencia, se creó un “Indice de Libertad Económica” que analiza el grado de libertad de los diferentes países de nuestra comunidad internacional, y de esta manera, se ha elaborado un estudio que analiza el impacto de estas medidas regulatorias en la nación.
Ya se han establecido 50 variables económicas que influyen en la producción y que se clasifican en diez categorías o factores principales de libertad económica. Algunos ejemplos son las políticas comerciales, la carga impositiva, el grado de intervención del gobierno en la economía, las políticas monetarias, las regulaciones del mercado laboral, la apertura a la inversión extranjera o la protección al derecho de propiedad.
De acuerdo a los resultados arrojados para el período 2002-2003, Chile ocupa el lugar 16 del índice dentro de 156 países, retrocediendo algunos lugares con respecto al año pasado. El aspecto negativo que llevó a Chile a esta evaluación fue el exceso de carga impositiva; por el contrario, el aspecto positivo fue que Chile es considerado como un país donde existe confianza en sus instituciones y los acuerdos contractuales son respetados.
A la vez, estos estudios han demostrados que un exceso de regulaciones atenta contra la productividad y la actividad económica, lo que aumenta los costos de los productos, reduce la calidad de éstos y de los servicios, aumentando el costo de contratar a un nuevo trabajador. Es decir, se atenta directamente al desarrollo económico y social del un país.
Con la ampliación de la figura del Estado, en que se observa una tendencia al aumento de las atribuciones tanto propias como de sus organismos, se han adherido, en nuestro acontecer legislativo, muchas de dichas atribuciones en normas legales. Esto conlleva una dificultad que será difícil de revertir en el futuro. Estamos conscientes de que si el Estado dicta leyes que autorizan su intervención, estará, en definitiva, creando mayores complejidades para el libre desarrollo de la actividad económica.
Como estas normas son difíciles de remover en el futuro, esta actitud nos preocupa porque consideramos que, tal como lo han demostrado estudios en la materia, las regulaciones excesivas socavan al crecimiento. Más aún, y tal como lo hemos mencionado en otra oportunidad, mientras más intervenga y regule el Estado, mayor será el nivel de corrupción dentro de sus organismos. Es decir, las excesivas regulaciones propician la corrupción y disminuyen la actividad económica.
En definitiva, el país podría seguir con un crecimiento del 2% o menos, pero ésta no pareciera ser la intención del gobierno, por lo que se deberá efectuar un cambio en las nuevas decisiones que adopten. Deberán otorgar espacios a los privados para el desarrollo de su actividad económica en forma libre y sin restricciones por parte del Estado.
Podemos concluir, entonces, que los gobiernos que cuentan con un fuerte compromiso hacia la libertad económica —incluyendo la libertad de intercambio y de protección a la propiedad privada— obtienen, como resultado, un crecimiento más rápido y una disminución considerable de la brecha entre pobres y ricos.
