Dentro de las distintas variables que deben considerarse a propósito del cierre de una faena minera, todo indica que debiera agregarse el tema de la participación de la ciudadanía. En esta materia, Chile cuenta con una experiencia emergente, pequeña, pero que se va abriendo paso y en ese contexto, la experiencia comparada de otras legislaciones y sistemas puede aportar considerable experiencia y conocimiento sobre el punto.

Hoy es posible observar un crecimiento en la conciencia pública de aquellos países que cuentan con minería relevante y que se debe a diversas razones entre las cuales se puede destacar la globalización, la creciente actividad de organizaciones no gubernamentales ambientales y de desarrollo sustentable, la mayor cantidad de información con la que el público cuenta, demandas judiciales presentadas en contra de la industria, etc.

En este contexto, todo indica que los procesos de consulta y discusión con las comunidades locales debiera realizarse en las etapas de planificación de los proyectos. Esto permite la identificación de todos los interesados (stakeholders) y de sus expectativas e intereses al momento de iniciar el proyecto y no en sus etapas finales como es hoy comúnmente la realidad. Más aún, se estima que las consultas durante todo el proyecto es esencial y debe ser apoyada de aproximaciones participativas de planificación que involucre a la comunidad desde un principio enfrentando el tema del eventual cierre del proyecto y opciones futuras.

En el contexto australiano y neo zelandés , se han sugerido los siguientes principios centrales en materia de participación ciudadana y cierre de faenas mineras:

 Identificación de los stakeholders es una parte importante del proceso de planificación.
 Consultas permanentes con los stakeholders debieran ocurrir durante todas las etapas del proyecto.
 Las consultas efectivas son aquellas que incluyen a todas las partes interesadas.
 La estrategia comunicacional adoptada debiera reflejar las necesidades de los stakeholders.
 Recursos adecuados debieran ser destinados para asegurar la efectividad del proceso.

Varios investigadores señalan que es común que las comunidades locales se vuelvan muy dependientes de la mina para proveer sus necesidades. Por ejemplo, en la medida que los trabajadores abandonan la agricultura para trabajar en la mina y se desarrolla un significativo aumento de la circulación de dinero, el resultado es que la comunidad comienza a “importar” parte de sus necesidades de alimento y por tanto su seguridad alimenticia y su autosuficiencia se reduce.

Ahora bien, la dependencia puede aumentar en la medida que las comunidades ignoren la planificación de vida y cierre de la mina y por tanto, no tengan los elementos para planificar adecuadamente sus futuros una vez que la mina haya cerrado y desaparecido. Las comunidades locales, con la ayuda de la empresa minera, los gobiernos locales, y las organizaciones no gubernamentales, pueden hacer esfuerzos para planificar alternativas para ellas mismas, especialmente si sus representantes han participado activamente en los procesos desde el inicio del proyecto y de esta forma, pueden hacer mas posible que algunos de los beneficios obtenidos por el proyecto minero puedan ser utilizados para la construcción y levantamiento de beneficios de largo plazo.

Hay situaciones en que mineros pequeños y artesanales esperan que la mina cierre para posicionarse en aquellos terrenos y desarrollar su propia minería. Esta minería puede ser altamente destructiva y es lo que sucedió en la mina Mount Victor, en Papua Nueva Guinea, en que parte importante de las medidas de protección ambiental adoptadas por la empresa al momento del cierre, fueron neutralizadas por las acciones de los mineros ilegales. Estas acciones pueden llegar a ser muy difíciles de prevenir por parte de los reguladores, pero la comunidad local tiene una parte muy importante que jugar en la materia protegiendo el medio ambiente una vez que la mina ha cerrado.

Especialistas en la materia indican que es necesario que exista un debate razonado entre los stakeholders, pero particularmente entre operadores y reguladores, para definir en forma rigurosa las mejores opciones ambientales de prácticas de operación y cierre, dentro de un esquema de viabilidad económica y competitividad internacional. De acuerdo con Mitchell, en el caso de Estados Unidos, el debate actual entre la Asociación Minera Nacional, NMA, y la Agencia de Protección Ambiental, USEPA, sobre el status futuro del procesamiento de ciertos desechos minerales y el uso de pruebas de lixiviación para definir la estabilidad química de los desechos, es un excelente ejemplo de confrontación polémica y polarizada que no beneficia a ninguna parte en el largo plazo.

En los Estados Unidos, un ejemplo reciente de participación multi-stakeholder que progresa exitosamente es el de la mina McLaughlin. La mayor parte de las tierras que rodean la mina son terrenos públicos administrados por el “Bureau of Land Management” y el “State Department of Fish and Game”, aunque también existen algunos ranchos privados de extensión considerable. La empresa organizó la creación y el desarrollo de una Reserva Natural (McLaughlin Reserve) y otras acciones relacionadas con los terrenos circundantes, materia que activó una interesante y constructiva discusión entre los propietarios privados y el gobierno en relación con la futura administración de la zona.

Identificar stakeholders es una parte importante del proceso de participación y la pregunta clave es cuál es la mejor forma de plasmarlo en la legislación pertinente. Como se ha señalado, los stakeholders son aquellos que tienen un interés directo en el proceso de cierre de la mina. Se les distingue del concepto “Partes Interesadas” que son aquellas que tienen interés, pero no directo, en el proceso y resultado del cierre de la mina. La identificación de los stakeholders y el desarrollo de una buena relación con ellos es fundamental para un cierre de faenas exitoso.

Gran énfasis en las consultas a los stakeholders propone el Banco Mundial y sugiere que éstas debieran hacerse en todas las etapas del proyecto. De acuerdo con Strongman 2000, existe una diferencia fundamental entre los intereses de las compañías mineras y los intereses de las comunidades de los lugares en que se desarrolla minería. De acuerdo con este autor, las compañías mineras desean desarrollar proyectos mineros, lograr ganancias para sus accionistas y luego dejar el lugar una vez que la producción ha terminado, con la finalidad de continuar sus proyectos en otra parte. Las comunidades, en cambio, desean creación de riqueza y oportunidades de trabajo que se mantengan en el tiempo de manera tal que se eleve las condiciones de vida y que las generaciones futuras tengan mejores perspectivas de desarrollo que la actual. Sin embargo, esta opinión, común en el pasado, es altamente controvertida en la actualidad. Otros autores estiman que respetables empresas mineras, gobiernos y comunidades están logrando nuevos niveles de entendimiento y cooperación.

De cualquier forma, las consultas y participación proveen un puente de encuentro entre los intereses señalados. Si se hace bien, ofrece importantes posibilidades para mejorar el diseño y la operación minera, para asumir un monitoreo conjunto, y puede también llevar a la toma de decisiones en forma conjunta en relación con bienes y objetivos sociales antes y después del cierre de la mina. De esta forma, existen también razones de negocios para la participación y consultas, especialmente para aquellas compañías mineras que desean ver los beneficios que su presencia trae a las comunidades locales, y que también desean ver los beneficios sostenidos una vez que la mina ha cerrado.

Numerosas organizaciones no gubernamentales ambientales perciben como su rol central monitorear la performance de las operaciones mineras. Se estima que mientras esta función puede desempeñar un rol positivo si es realizada en forma constructiva, existe un rol más relevante aún y que consiste en apoyar a las comunidades locales en desarrollar sus capacidades de liderazgo y planificación. Por ejemplo, Strongman señala que las organizaciones no gubernamentales ambientales apoyan la capacitación de funcionarios de los gobiernos locales en Papua Nueva Guinea; entregan financiamiento a micro empresas en Rumania; desarrollan programas innovadores de rehabilitación en Níger; y administran proyectos comunitarios iniciados por las compañías mineras en Indonesia. En este contexto, la creación y existencia de fundaciones pueden tener un rol muy relevante que jugar antes y después del cierre de la mina.

Por Raúl F. Campusano.
Envie su comentario al Columnista en: rfcampus@ingeder.com