Desde hace meses, Chile se ve confrontado a crecientes huelgas y protestas que afectan el funcionamiento de su economía y la imagen de país modelo que posee en el mundo desarrollado. Se estima que en los últimos 14 meses, las huelgas se incrementaron en un 700%. El sector minero, el más importante para las exportaciones del país, se ve particularmente afectado.
Tras el largo conflicto que paraliza desde hace un año a La Escondida, la mayor mina de cobre del mundo, otra empresa del sector se sumó a las protestas. La Corporación Nacional del Cobre (Codelco), la mayor empresa pública del país que produce 30% del cobre chileno, está ampliamente paralizada desde hace 18 días por una huelga indefinida. Para los responsables sindicales, este tipo de conflictos es revelador de una degradación en el sistema de redistribución de la riqueza en Chile. "A los empresarios les va bien y a los trabajadores les va mal. Y aunque la huelga no resuelva mucho, la gente prefiere pelear antes que quedarse callada", afirma Arturo Martínez, presidente de la Central Unica de Trabajadores (CUT), convencido de que los conflictos seguirán aumentando.
En el conflicto que afecta a Codelco juegan un rol preponderante los trabajadores contratistas, que representan aproximadamente dos tercios del personal de la empresa, contra sólo un tercio de trabajadores de planta. Una protesta similar había movilizado en mayo a los contratistas de Forestal Arauco, gran empresa maderera chilena. Los trabajadores contratistas denuncian las diferencias de trato que reciben, tanto en materia salarial como en determinadas obras sociales.
Las denuncias formuladas por los trabajadores parecen ser comprendidas, e incluso compartidas, por amplios sectores de la opinión pública, pero no por los empresarios ni por el gobierno. Alfredo Ovalle, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, estima que estos movimientos atentan en gran medida contra la paz social, y expresa la preocupación empresarial de que se deteriore la imagen de Chile en el exterior. La presidenta Michelle Bachelet, por su parte, se ve obligada a tomar cartas en el asunto. En octubre pasado, cuando su gobierno promulgó la nueva ley de subcontratación, que entró en vigor en enero, la presidenta la presentó como un vector de progreso social.
Los sindicatos no están de acuerdo con todos los aspectos de esa ley, en particular el que prohibe a los trabajadores de un sector, pero de diferentes empresas subcontratistas, unirse en un conflicto con la empresa principal. Las negociaciones de los trabajadores contratistas deben hacerse exclusivamente con su empresa subcontratista. Un aspecto particularmente chocante en un sector como el minero. Codelco, por ejemplo, trabaja con 727 empresas subcontratistas.
En todo caso, más allá del conflicto de Codelco, la sociedad chilena parece aceptar con creciente dificultad un modelo económico muy liberal, y reclama nuevas reglas para distribuir la riqueza. Las huelgas en Chile han presionado aún más el valor del metal, que este jueves se cotizó en 3,67 dólares por libra en la Bolsa de Metales de Londres, su máximo en dos meses, informó Cochilco en Santiago.