El Cobre en Chile es una fuente estable e importante de ingresos a lo largo de la historia, tanto para planes sociales, como para la Defensa Nacional específicamente a través de la llamada Ley Reservada del Cobre. Esta implica la entrega de un 10 % de las utilidades de Codelco y que dada la situación y perspectivas del metal rojo, resulta interesante no sólo desde el punto de vista de los productores de cobre, sino también del aporte que se ha hecho a las Fuerzas Armadas..

Desde principios de la década de los cuarenta, y debido a la sensible situación, producto de la Segunda Guerra Mundial, se legisló sobre la entrega en forma automática de fondos para la Defensa, que no requiriera una ley especial para cada compra, cosa que hasta ese entonces sucedía, y por lo cual cada compra de armamentos debía tener la aprobación legal del Congreso Nacional.

Inicialmente estos fondos salían de los impuestos a alcohol y tabaco, pero que no resultaron suficientes, dada la dependencia que tenía éste del consumo que se produjera de esos productos, y que por lo demás en caso de guerra serían uno de los primeros en que bajaría su consumo. Le ley en sí tuvo un bajo rendimiento, pero no se notó mayormente debido a un importante apoyo de suministro de armamentos por parte de Estados Unidos, el cual se extendió por más de 15 años.

No fue hasta el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, en que se reemplaza la ley por la 13.196, la primera ley del cobre propiamente tal, que gravó con el 15 por ciento a las utilidades de la minería de cobre, con lo cual ese porcentaje pasó directamente a financiar a las Fuerzas Armadas.

La situación se mantuvo inalterada hasta fines del año 1973, cuando mediante un Decreto Supremo la Junta Militar, cambió el piso original de US$ 8 millones de dólares por uno de US$ 80 millones; si bien la legislación siguió sufriendo continuas modificaciones, el más importante se produce en 1976, cuando se publica el Decreto Supremo 1.530, el que cambia el guarismo de cálculo, dejando de ser el 15 por ciento de las utilidades del cobre, para pasar al 10 por ciento de Codelco.

Legal o Légítima

Mucho se ha discutido, sobre la legalidad y legitimidad de la Ley reservada del cobre, para el abogado, cientista político y profesor de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), Miguel Navarro, la legalidad resulta clara toda vez que fue promulgada en su esencia a inicios de la década el cuarenta, y que ha tenido más de cincuenta años, manteniendo su fondo.

Para el académico, lo interesante del asunto- más allá de las imputaciones que se hacen a que habría sido formulada durante el gobierno militar, y que resultan falsas- radica en el hecho que “este tipo de leyes tienen su origen en las teorías económicas aceptadas en la época (años 40) para financiar la actividad pública, que era un sistema de asignar un impuesto específico imputable, sobre un tipo de actividad económica, para asignarlo a un fin público concreto; algo parecido a lo que se quiere hacer hoy por hoy con el Plan Auge”, indica Navarro

“Ahora la legitimidad que tiene es la misma de cualquiera ley aprobada por el Congreso, en un sistema constitucional perfecto a partir del año 1941. Por otra parte, ha permitido a Chile tener una capacidad militar sin afectar los macro equilibrios económicos, con un proceso de estabilidad en las adquisiciones militares, con un diseño de planes a largo plazo, lo que resulta muy importante, pues evita una carrera armamentista por las súbitas alzas de gasto en Defensa. Incluso el aporte ha ido decreciendo en el último tiempo, por cuanto estamos en un 1.7 del Producto Interno Bruto, y si bien es alto para el resto de Latinoamérica, hay resaltar las características locales, como son el tamaño del país , la posición estratégica y una serie de otros factores.”

“ Por otra parte, - apunta Miguel Navarro- en las adquisiciones militares hay una razón de Estado, donde éstas no son siempre de la simpatía de la población, pero la Defensa compite con las demás funciones del Estado en la asignación de los recursos, puede que no sea popular, pero es una responsabilidad básica del Estado, y que este debe financiar”.

Cabe recordar que las últimas indicaciones entregadas por el Presidente Lagos a la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, apunta a una mayor flexibilización en el uso de los recursos entre las tres ramos de la Defensa Nacional – Ejército, Fuerza Aérea y Armada- más que variar la esencia de la ley.

Estabilidad del Cobre

Se pensó en el cobre como una parte del financiamiento de las Fuerzas Armadas, era un ingreso significativo y estable, aspecto que se buscaba principalmente con la ley, lo cual aseguraba que la Defensa Nacional tendría la posibilidad de adquirir armamento y mejorar su – por entonces- desmedrada situación.

En la actualidad se sigue respondiendo a una situación histórica, en la cual el metal rojo es el principal ingreso de divisas por concepto de impuestos. Ahora pensar en cambiarlo, y buscar otras actividades que entreguen sus impuestos para el gasto e inversión militar parece no ser un asunto de estudio, por cuanto el cobre permite – pese a su reducción dentro del contexto nacional- aportes importantes para las Fuerzas Armadas.

El resto de los países tampoco opera en forma muy distinta, amo do de ejemplo el llamado “caso japonés”, mediante el cual se imputa el 1 por ciento del PIB para funcionamiento de la Defensa. Otro caso similar en el contexto latinoamericano es el ecuatoriano, quienes hicieron algo similar a Chile, pero con el petróleo. En general los gastos de Defensa son incluidos en los presupuestos anuales de cada país, y que son discutidos cada año por los Congresos Nacionales, a instancias del Poder Ejecutivo.

En Chile, la búsqueda de fórmulas tampoco ha sido dejada de lado , por ejemplo se propuso hace algún tiempo la aplicación de un impuesto total y general del 1 % a las exportaciones, lo que fue rápidamente desechado por los propios exportadores, quienes indicaron que una medida de ese tipo rompería la competitividad de muchas exportaciones locales al extranjero.

Discusiones Añejas

Para el Senador Carlos Cantero, esta ley y las discusiones que se han dado en torno a ella son sencillamente “un disparate arcaico. Cada vez que se utiliza ese argumento, lo encuentro sinónimo de mediocridad de la argumentación. Es una instrumentalización artificiosa que muestra la mala calidad del político que la está esgrimiendo, porque dejémonos de cuestiones, con esa ley reservada o con cualquier otra ley, los gastos comprometidos por parte del Estado chileno en la implementación de sus Fuerzas Armadas, van a tener que ser pagados porque son deudas contraídas y compromisos asumidos que tienen que ser pagados....”

Que sea con fondos del cobre es un asunto circunstancial...

“O es del cobre o será de otro origen. Además que se ha usado como bandera de lucha para denostar a las Fuerzas Armadas, pero a estas alturas del debate aparece trasnochado y absurdo seguir caricaturizando esta situación. Yo no veo porqué los 3 presidentes de la Concertación no han enviado un proyecto de ley; así que ya deben dejarse de estos trasnochados argumentos...”, enfatiza el Senador.

Para el mundo minero, la importancia de la ley va más por el lado de la competitividad y la pérdida de ella por parte de Codelco, más que a la esencia misma de la ley. Pese a ello el presidente ejecutivo de la compañía, Juan Villarzú, ha reconocido que es una discusión que no les compete a ellos como empresa estatal.

" Este tiene un impacto que no es mayor, por cuanto nosotros le transferimos al Estado el 100 % de nuestros excedentes; ahora los posibles impactos que tuvieron hace algún tiempo para hacer negocios en el exterior, ya están medianamente resueltos"

En todo caso Villarzú recalca que pese a que no tiene un impacto sustantivo para la compañía, " preferiríamos que no existiera".

Sin duda la discusión seguirá por un largo tiempo, aun cuando parezca más a escaramuzas mediáticas, que a apuntar a la concreción de una fórmula efectiva, que supla a la ley reservada del cobre, por cuanto se reconoce que las inversiones en Defensa son una actividad básica del Estado.

Por Equipo Areaminera