Uno de los factores de máxima sensibilidad para cualquier inversor -vernáculo o foráneo, grande o chico- es la estabilidad en las reglas que norman el riesgo que se dispone a asumir; previsibilidad en las instituciones públicas involucradas y perseverancia en los propósitos anunciados como políticas del Estado. Es decir, lo contrario a la improvisación, a los espasmos y contradicciones entre entusiasmos, depresiones y presiones sectoriales.

Si hay algo en lo que debieran esforzarse quienes representan al interés público, es precisamente en evitar la costosísima imagen de una conducta institucional sinuosa entre marchas y contramarchas. Y este no es un detalle mínimo, si se coincide en el papel que debe jugar en la recuperación económica del país, la inversión necesaria para pasar de la etapa de la reactivación del potencial ocioso, a la ampliación real de la capacidad productiva.

Y nadie invierte -cualquiera sea su origen, su envergadura o su propósito- donde no está seguro de que le sostendrán las condiciones de inversión, que no le cambiarán al organismo interlocutor responsable y que se mantendrán inalterables las condiciones acordadas, más allá de la ineludible responsabilidad que las empresas mineras deben asumir con la preservación del ambiente.

Este es el principal costo que está pagando la provincia, con las dudas y contradicciones de los últimos días. En las que han incurrido -apremiados por necesidades electorales o por la puntuación en las encuestas de popularidad- tanto el Ejecutivo administrador, como los bloques políticos de la Legislatura provincial, en lo que concierne a la declamada intención de promover un desarrollo minero sustentable en Mendoza.

Pocos meses después de haber asumido el actual gobierno, se preparó un plan de promoción y se envió a Toronto, Canadá -sede del último gran congreso minero mundial- a una delegación técnica y política, para promover inversiones mineras en la cordillera mendocina, entusiasmando a los protagonistas internacionales de la exploración y la explotación minera, fundamentalmente de la metalífera (hoy casi inexistente en la provincia). Las corporaciones mineras se interesaron y algunos grupos locales incentivaron sus viejos entusiasmos.

Antes y luego de ese viaje de promoción, se había concedido permisos de cateos para exploración minera metalífera en varias áreas.

Sin embargo, los reclamos de vecinos interesados en la preservación del ambiente y el debate generado en torno de la minería, han descalabrado un edificio legal e institucional endeble y precario: los responsables del interés público van y vienen según la demanda vecinal, la de las empresas mineras o las de los medios de difusión, desnudando la falta de una política minera suficientemente debatida, consensuada y oportunamente sancionada.

No queda claro cuál es el régimen normativo vigente, ni los compromisos de responsabilidad social de no contaminación que deben ofrecer las empresas, como tampoco la coordinación entre las jurisdicciones nacional y provincial, tanto en la concesión de derechos mineros como en la preservación del ambiente.

Como es evidente que no existe una verdadera compatibilización y coherencia entre los distintos ministerios o direcciones específicas del gobierno provincial en esta materia, unos empujan y otros intentan frenar, contradictorios.

Hay una tendencia mundial de minuciosa precisión en las normas mineras, en las de preservación del medio y en el fortalecimiento de la capacidad técnica y política del Estado, para ejercer su responsabilidad como supervisor y eficaz controlador del interés público.

Porque es indudable la importancia del desarrollo minero en la expansión económica; pero también hay muestras claras de verdaderas tragedias irreparables, provocadas por la irresponsabilidad conjunta de mineros inescrupulosos y funcionarios desentendidos de su misión.

Un Estado hábil y con el poder técnico y político suficiente, tiene que terciar ante los riesgos de depredación de la minería extractiva y las necesidades económicas que plantea la disponibilidad de recursos mineros, como uno de los condicionantes del desarrollo.

En la provincia en particular, tantas contradicciones, marchas y contra marchas, ausencias, corruptelas en la responsabilidad de control público o inestabilidades de las normas e instituciones responsables -hay gruesas superposiciones entre zonas mineras y áreas de reservas naturales- han terminado no sólo por desalentar la inversión minera, sino también ha alimentado la desconfianza de los ciudadanos en la capacidad del Estado para preservar el interés público frente al de las empresas mineras, no siempre responsables y respetuosas de la naturaleza.

Los planteos vecinales y las necesidades electorales han precipitado improvisaciones desde el Ejecutivo y desde la Legislatura, desnudando la falta de una política minera seria, consensuada y convertida en política de Estado, compatible con la preservación del medio, capaz de corregir la desconfianza de la ciudadanía en la capacidad del Estado para defender los intereses públicos.