El potencial minero que posee nuestro territorio merece ser tomado en cuenta por la magnitud de sus reservas y las perspectivas que significaría para el país y el departamento su racional explotación, ahora detenida por falta de políticas que permitan incentivar este rubro exigiendo a las autoridades del gobierno central a las locales una pronta definición para aprovechar al máximo nuestros recursos naturales.

Vivimos en un permanente conflicto de orden social por la carencia de empleos, por la miseria reinante en nuestro distrito, por la inefectividad de autoridades, por la insensibilidad del gobierno, por la inutilidad de nuestros parlamentarios y por el conformismo de nuestros organismos cívicos que continúan tan tranquilos como siempre, desaprovechando el uso de nuestras riquezas para revertir el cuadro de pobreza y convertirlo en un proyecto sostenible partiendo de una política integral minera que genere regalías y acceda a los mercados internacionales para captar inversiones extranjeras.


No hace mucho, el representante del Ministerio de Medio Ambiente y coordinador nacional de un programa de cooperación externa, puntualizó que "la política minera debe estar orientada sobre el criterio de un proceso autonómico que le permita a Oruro no estar condicionado al centralismo que de manera lamentable no deja desarrollar a las regiones".


Quienes saben del poder de nuestras reservas mineralógicas y especialmente las auríferas, aseguran que el país puede generar valor agregado aprovechando la coyuntural ventaja de los precios altos en el mercado internacional de minerales, pero además implementando una política que necesariamente revise el Código Minero, con el único objeto de garantizar la obtención de más regalías para hacer sostenible las operaciones mineras y orientadas en su beneficio directo hacia la comunidad en su conjunto.


El alto funcionario del Ministerio de Medio Ambiente, fue muy concreto al indicar que "cualquier empresa que quiera trabajar en Oruro debe ser bien acogida de manera que cumpla con lo que establece la Ley del Medio Ambiente para que los resultados de cualquier emprendimiento minero sean de alto beneficio para la región y sus habitantes, garantizando las inversiones extranjeras".


Hay que aclarar además que la oposición de algunos segmentos ciudadanos como en el caso de Kori Chaca, son simplemente sectores que satanizan el tema de la producción minera sin percatarse de los graves perjuicios que ocasionan a todo el departamento, a miles de personas que pueden quedar cesantes y a una Prefectura que no tendrá recursos para invertir en obras de desarrollo. Además extraña profundamente que autoridades municipales pretendan sabotear el ciclo de la minería que es bastión para la economía de nuestro Departamento.