Mucho se habla respecto de la implementación de un royalty a la minería y a los posibles perjuicios que ésta medida tendría sobre el país y el desarrollo económico. Se ha dicho que a causa del royalty se “hipotecará” la credibilidad del gobierno y se ahuyentará inversión, lo que será una escalada para nuevos tributos, actitud que responde a ese “afán predatorio y hambriento“ que caracteriza a los gobiernos insensatos.

Tal como siempre han señalado los expertos del manejo fiscal, que pertenecen en gran parte de la derecha y sus centros de estudio, “toda acción gubernamental implica coerción”. Desde esta perspectiva no hay nada que se pueda hacer, porque cualquier tributo, precio, impuesto, contribución o como quiera que se le llame, será perjudicial para el normal funcionamiento del mercado lo que, obviamente, recaerá sobre desarrollo del país.

Desde nuestra perspectiva, la visión de un Estado obsesionado con aumentar el gasto es, por decir lo menos, una imagen apocalíptica. Sobre todo en países como Chile donde la participación del Estado se justifica en sí misma al observar los niveles de pobreza y desigualdad. Hay que recordar que gracias al aumento del gasto fiscal hemos podido celebrar las reducción en los índices de pobreza extrema.

En resumen, la participación activa del Estado es tremendamente necesaria en países en vías de desarrollo, como Chile. Y para eso el royalty sería una fuente de recursos que permitiría lograr mayor desarrollo social. Pero el gobierno debe hace uso eficiente de estos ingresos, para lo que se requiere reglas claras y transparentes.

La introducción de un royalty a la minería no representará un mero abultamiento de las arcas fiscales. Estos recursos serán destinados a proyectos específicos. Por tanto, no sólo tenemos que centrar nuestra preocupación en cobrar un royalty, sino que también debemos preguntarnos en qué se utilizarán los nuevos ingresos.

Partamos de la base que a nadie le agradan los impuesto y que una forma de hacer que los ciudadanos acepten de mejor forma el pago de éstos es haciendo más trasparente la forma en que el Estado gasta dichos recursos. En la medida de que la población “percibe” los beneficios directos, será posible concebir los impuestos no como una pérdida, sino como un aporte que es compensado a través de las políticas de desarrollo social impulsadas por el Estado.

Por este motivo las propuestas o Proyectos de Ley tiene que especificar claramente el destino final de estos fondos, de los cuales una parte importante debe quedar en las regiones. Las regiones mineras tienen una fuerte presión sobre el desarrollo futuro, debido a la particularidad de esta industria. En algún momento, cuando las faenas de estas empresas concluyan, quedarán importantes zonas del norte del país de brazos cruzados, tal como sucedió en Lota. Si a eso agregamos los avances tecnológicos y la volatilidad de los mercados de commodities, tenemos un alto riesgo para la industria minera y para las regiones que dependen de ella.

Para que no se vuelva repetir esa historia, los fondos regionales obtenidos a través del royalty tendrían que destinarse, fundamentalmente, al fomento productivo de otras actividades y a los planes de reconversión económica, necesarios para mantener, en el futuro, un desarrollo que permita la sustentabilidad de la economía de aquellas regiones que se han centrado en la minería.


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