A través de esta tribuna quisiera valorar y respaldar, a nombre de la Federación de Trabajadores del Cobre, la iniciativa legislativa impulsada por el gobierno del Presidente Lagos, referida a la Plataforma de Inversiones, que entre otros aspectos, establece normas tributarias a aquéllas compañías extranjeras que efectúen la venta de un activo ubicado en Chile, aún cuando la operación se realice en el exterior.
Mi satisfacción, que por lo demás interpreta plenamente a la organización sindical de la cual formo parte, obedece a que estas indicaciones están plenamente fundamentadas en principios básicos de finanzas públicas y tributarias de un país civilizado, en el cual los inversionistas gozan de garantías y beneficios razonables y justos, y en el que los intereses, tanto del país - representados por las instituciones del Estado-, como el de los privados, sean adecuada y equilibradamente cautelados.
Es por ello que resultan inaceptables las críticas y presiones de la Sonami y de algunos personeros de grandes empresas privadas, quienes no han escatimado juicios exagerados a las medidas adoptadas por el gobierno, con el pretexto de que éstas irían en directo perjuicio y deterioro de la inversión privada en nuestro país. Son precisamente estos actores los que han llegado a plantear que esta discusión en torno a la aplicación de impuestos iría en desmedro de los pobres y cesantes de nuestro país.
Nuestra visión es radicalmente opuesta, dado que mientras antes se revise el tratamiento tributario a la inversión extranjera en el sector minero, mayores serán los retornos que el fisco percibirá por conceptos de impuestos, situación que no es menor si consideramos que estos recursos son fundamentales para solventar los urgentes problemas sociales de la indigencia, la salud, la educación, las pensiones y la vivienda, que tanto apremian a millones de compatriotas.
Que la inversión extranjera es una fuente importante para contribuir al crecimiento de nuestro país, no lo pongo en duda, pero, ¿no serán demasiadas las garantías que ofrece un país con las perspectivas de desarrollo como el nuestro a gigantescas compañías transnacionales, con una estabilidad política – en estos días tan preciada en nuestra Región -; positivas tasas de retorno y cambiario, y una normativa legal que durante años ha permitido a estas compañías eximirse del pago de impuestos, a través del mecanismo de pérdidas acumuladas?
Sería totalmente irracional imaginarse que una compañía deje de invertir en un territorio que por excelencia es poseedor de cuantiosas riquezas naturales, por el sólo hecho que éste resguarde legítimamente los derechos de un país en su conjunto, tal como lo hace todo estado soberano.
Por todo lo anterior, y en vista del curso de los últimos acontecimientos en torno a la venta de Disputada de Las Condes, propiedad de la transnacional ExxonMobil, compartimos y respaldamos la posición del Presidente de la República, quien fue enfático al señalar que no permitirá que una minera que durante años operó en el país, venda sus activos sin pagar impuestos. Me parecen sensatas y dignas de todo elogio las palabras del Presidente, puesto que a la luz de los hechos desde la compra hace 24 años a la Enami, Disputada nunca ha declarado utilidades tributarias, ya sea porque ha tenido pérdidas o ha recurrido al mecanismo de las pérdidas acumuladas para eludir “legalmente” el pago de impuestos. Algo inconcebible, si consideramos que esta empresa, que ha arrojado pérdidas sistemáticas, está valorizada por más de1.300 millones de dólares.
Sin duda, una manifestación clara de injusticia y contraria a los intereses de todos los chilenos, que por lo demás son los legítimos dueños de este recurso natural no renovable, cuya explotación debe reportar beneficios equitativos, tanto para los inversionistas, como para el Estado de Chile.
En este contexto, tiene plena legitimidad el debate en torno a consensuar la aplicación de un pago de derechos (royalty), para que las grandes empresas mineras privadas realicen efectivamente la tributación correspondiente a la explotación de un recurso natural no renovable, como lo es el recurso minero depositado en el subsuelo chileno y que Constitucionalmente es de dominio exclusivo del Estado de Chile, quien en definitiva es el que concede soberanamente su explotación. En este sentido, valoramos las iniciativas impulsadas por los señores, Carlos Vilches y Ricardo Nuñez, Presidentes de las Comisiones de Minería de la Cámara de Diputados y del Senado respectivamente, al mismo tiempo que señalamos nuestra mejor disposición para participar de una mesa de conversaciones, que con altura de miras, aborde esta materia, incluyendo a los representantes de las mineras privadas agrupadas en el Consejo Minero.
Mis aseveraciones se fundamentan en que represento a un movimiento sindical que ha comprendido a lo largo de la historia que la legítima defensa de nuestros intereses gremiales deben armonizarse con los intereses superiores del país. De ello hemos dado muestras tangibles en estos años, enfrentando un proceso de modernización consensual que, por supuesto ha tenido costos para nuestras bases, pero que han permitido enfrentar la difícil coyuntura de precios que vive hoy la industria, defendiendo la eficiencia y la competitividad de Codelco, asegurando su viabilidad y maximizando en el largo plazo los aportes que proporciona al erario nacional. En este sentido, creemos que tenemos la autoridad moral suficiente para rechazar, tenemos autoridad moral para rechazar las gigantescas presiones de los poderosos “lobby” empresariales para defender sus márgenes de ganancias, eludiendo la responsabilidad social y ética que tienen con el país.
Por todo lo dicho, estoy convencido que todos los actores debemos centrar la discusión en torno a un proyecto país con un nuevo pacto social, que privilegie por sobre todas las cosas, los múltiples desafíos que tenemos que abordar como Nación.
