Apoyar las iniciativas legales tendientes a materializar las medidas contenidas en el Protocolo de Acuerdo Minero suscrito entre el Gobierno y el Parlamento es un deber; sólo así lograremos que, de las palabras, pasemos a los hechos, y que el texto no se transforme en “letra muerta”, pues el futuro de la minería y de quienes dependen de ella está en juego.

El compromiso contraído por el Supremo Gobierno y refrendado en el “Protocolo de Acuerdo” suscrito el 6 de Enero de 2003, tendiente a sentar las bases que permitan establecer una solución financiera para la Empresa Nacional de Minería, conducente a su estabilidad y viabilidad, conjuntamente con proveer de una seguridad respecto del futuro a sus trabajadores y al sector minero que requiere sus servicios, es un paso trascendental en la búsqueda de soluciones para un sector que requiere de apoyo concreto, ya sea en el corto como en el largo plazo.

El documento, en el cual trabajamos los Presidentes de las Comisiones de Minería de ambas ramas del Congreso Nacional, además de los Ministros de Hacienda y de Minería, explica claramente que la actual situación de ENAMI tiene entre sus orígenes el financiamiento del gasto en fomento, el cual se refleja en los Estados de Resultados como Crédito Fiscal, y el considerable esfuerzo de inversión que fue necesario para cumplir con los mayores estándares ambientales. Asimismo, se hace hincapié en la importancia de sus trabajadores y directivos, quienes realizaron importantes esfuerzos de mejoramiento de eficiencia, los que se expresan en ganancias de productividad y que contribuyeron a contrarrestar los factores anteriores y a situar a la empresa en un excelente pie productivo.

El cambio estratégico que se propone en el Protocolo, obedece a la decisión, tanto de los legisladores, como del gobierno, de fortalecer y mejorar la eficiencia de la política de fomento a la pequeña y mediana minería, incluyendo la generación de mejores condiciones de viabilidad financiera para ENAMI y su mejor especialización en las labores propias.

¡Ahora bien!. El compromiso – refrendado en el Protocolo – y que enfatiza las acciones a desarrollar tendientes a asegurar la obtención de créditos y/o colocación de bonos por parte de ENAMI, para la reestructuración de pasivos a largo plazo, incluyéndose en dicho apoyo el otorgamiento de los avales que sean necesarios, así como el asegurar la continuidad del financiamiento a corto plazo, es una materia que permitirá disminuir parte de la pesada carga de la mochila de la empresa estatal.

Otro aspecto destacado en el documento, es aquel que dice relación con el envío a trámite legislativo, de un proyecto de ley que posibilite la venta total de la Fundición y Refinaría de Ventanas a CODELCO, lo que permitirá, además de pagar la deuda que ENAMI mantiene con el sistema financiero, que ésta permanezca en poder del estado de Chile.

Desde la perspectiva operativa de ENAMI ventanas, el Protocolo consigna claramente que CODELCO asegurará la reserva de capacidad para procesar los productos provenientes de la pequeña y mediana minería, los que seguirán siendo adquiridos, recepcionados, procesados y posteriormente traspasados por ENAMI a CODELCO para su maquila.

En lo que respecta a la continuidad de los programas de fomento que ha desarrollado ENAMI, queda claramente estipulado en el Protocolo que ésta es asegurada a través de una política de Estado para el fomento minero. Así se contemplan futuras inversiones para el mejoramiento de las plantas de procesamiento, como asimismo potenciar en este sentido a la Fundición Hernán Videla Lira.

Una situación preocupante, sin embargo, es que las deudas contraídas por ENAMI están generando, sólo en intereses, el pago de 30 millones de dólares anuales. Es decir, mientras más se demore el Ejecutivo en remitir a trámite legislativo el proyecto que permita vender los activos de la Empresa Nacional de Minería a la Corporación del Cobre, CODELCO, el estado seguirá gastando 2,5 millones de dólares por cada mes que nos demoremos en legislar.

Por tanto, apoyar las iniciativas legales tendientes a materializar las medidas contenidas en el Protocolo de Acuerdo Minero suscrito entre el Gobierno y el Parlamento, y en el que se debe establecer los montos a invertir para el mejoramiento de las actuales instalaciones de ENAMI, es un deber, sólo así lograremos que de las palabras pasemos a los hechos, y que el texto no se transforme en “letra muerta”, pues el futuro de la minería y de quienes dependen de ella está en juego.